Cuando una mujer trans es asesinada en la Argentina, a nadie parece importarle. Si la víctima es migrante, las posibilidades de que el hecho tenga relevancia disminuyen. Las cifras de crimenes de odio por identidad de género aumentan año a año y las políticas públicas para revertir esta situación resultan escasas.

En 2022, unas 9 personas transgénero de entre 33 y 57 años fueron asesinadas en nuestro país. Cinco casos todavía no tienen un sospechoso o detenido. De esas muertes, 4 fueron en la provincia de Buenos Aires, 2 en Santa Fe, mientras que las otras 3 sucedieron en Entre Ríos, Salta y Río Negro.

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El último hecho que conmocionó e hizo estallar de furia a la comunidad travesti trans ocurrió el 16 de diciembre con el hallazgo del cuerpo de Ariana Díaz Chávez, una trabajadora sexual que se ganaba la vida en un edificio ubicado en calle 7 entre 58 y 59, de la ciudad de La Plata. Porque justamente Ariana, migrante peruana de 42 años, tenía como único sustento la prostitución.

Las muertes evitables, el reclamo de una Justicia con perspectiva de género y las fallas en la Ley de Cupo laboral travesti trans.

El travesticidio de Ariana Díaz Chávez y el pedido de Justicia

Alejada -pero no tanto- de la denominada “zona roja” del barrio El Mondongo, Ariana pensó que ese sería un lugar propicio para poder trabajar tranquila y segura, ya que contar con un espacio propio de alquiler para una trabajadora sexual es primordial. Sin embargo, un hombre la asesinó en el interior de su propio hogar.

Una amiga de Ariana encontró el cuerpo en el piso con un cinturón amarrado al cuello y manchas de sangre a su alrededor, después de tres días de no tener noticias de ella. Al no contestarle los mensajes ni las llamadas, y como tenía su llave, decidió ir a ver si necesitaba ayuda. Cuando llegó al lugar, la imagen fue desgarradora.

Los investigadores primero caratularon la causa como “averiguaciones de causales de muerte”, sospechando que podría tratarse de un suicidio, ya que las puertas de la vivienda no estaban forzadas ni había faltantes en el interior. Pero, por las manchas de sangre y los signos de violencia que presentaba, pudieron confirmar que se trató de un asesinato.

Según pudo saber TN, familiares de Ariana viajaron a la Argentina para despedirla y encarar el proceso judicial.

Hasta el cierre de esta nota, la fiscalía N° 8 que lleva la causa no logró determinar la autoría del crimen y tampoco la causa de la muerte, aunque las informaciones preliminares indicarían que fue por “asfixia mecánica”.

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Por otro lado, al ser un lugar muy transitado, las huellas dactilares que tomaron los peritos de la Policía Científica en el lugar del hecho deberán ser analizadas en profundidad, ya que por el departamento podrían haber pasado una decena de personas.

Según precisaron fuentes de la investigación, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona podrían resultar claves para identificar a algún sospechoso.

De acuerdo a los elementos que tienen en cuenta, podría existir un vínculo entre víctima y victimario: todo parece indicar que el asesino es alguien con quien Ariana tenía trato. Sin embargo, para desgracia de los allegados a la víctima, con el fin de año aproximándose, la feria judicial vigente y las vacaciones de gran parte de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, podría pasar mucho tiempo hasta que se resuelva.

Una muerte evitable

Pese a todas las hipótesis que se configuraron en torno a este hecho, amigas y conocidas de Ariana no dudaron ni un minuto y aseguran que su muerte fue un “crimen de odio”. Piden justicia y exigen que el travesticidio no quede impune.

“Fue duro enterarse de la noticia. Tenemos mucha bronca y tristeza, porque esta era una muerte evitable. Al igual que en otros casos, el Estado es responsable”, expresó Giovanna, mujer trans activista por los derechos LBTBQ+, en diálogo con TN.

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“Las personas trans sufrimos discriminación y marginalización. Muchas no tenemos una vivienda y nadie nos garantiza una vida digna”, agregó.

Durante la tarde del miércoles, la Asamblea de Autoconvocades movilizó por la ciudad de La Plata para visibilizar el caso. La multitud se congregó en la sede del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en diagonal 80 y 117, bajo el lema “Si no hay justicia, hay venganza. Si no se garantizan los derechos, hay reclamos”. Fueron recibidas por Sofía Moglia, directora Unidad de coordinación de Políticas Transversales; Lorena Medel, directora de Proyección y Promoción de derechos en Trabajo, Salud y Educación; y Nicolás Abratte, de la Dirección de Programas Especiales.

Según contaron a TN, presentaron un pliego de demandas específicas para la comunidad trans travesti no binarie, las mismas ponen de manifiesto toda la falta de políticas públicas por parte del Estado Provincial y sus funcionarios. Las funcionarias se pusieron a disposición para comenzar a trabajar sobre las demandas. “Si bien dialogamos con una parte de este Ministerio, consideramos que tenemos que seguir encontrándonos en las calles para reclamar que el estado es responsable”, manifestaron.

Frente al departamento donde Ariana fue asesinada, se fundieron en de abrazos para contener la furia que brotaba de sus cuerpos, por el arrebato de otra compañera, una más.

Hacia una Justicia con perspectiva de género

Al igual que los femicidios, término que fue incluído en el Código Penal de la Nación hace exactamente 10 años, los travesticidios y transfemicidios son la forma más extrema de violencia contra las mujeres trans y travestis.

Sus asesinatos son el resultado de la violencia social que se expresa a través de la exclusión sistemática en el acceso de sus derechos, en las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. Generalmente, son cometidos con enorme crueldad y, frecuentemente, con violencia sexual.

La primera condena en nuestro país por un asesinato de una persona transgénero fue en 2018, en la causa Diana Sacayán, que se configuró como un “travesticidio”. Esa palabra ya se oía en la jerga urbana, pero en el ámbito judicial no tenía tanta validez.

Este hecho marcó un antes y un después para los libros de historia, sentando un precedente y una jurisprudencia. Es cierto que una sentencia no cambia el día a día del colectivo afectado, pero empieza a moverse una cuestión cultural y se comienza a tomar consciencia. Como dijo el filósofo, crítico y teórico de la literatura George Steiner “lo que no se nombra no existe”, y el hecho de que se trate y se debata el término, se podría tomar como un logro.

Si bien la ley habla de “odio a la identidad de género”, los familiares de las víctimas y sobrevivientes hablan del término “travesticidio”. El motivo lo explicó Juan Kassargian, del equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Inadi, quien, en una de las sesiones del juicio por el crimen de la activista trans, recordó el valor de las palabras: “Si matan al padre, se habla de parricidio; si matan a un hijo, se habla de filicidio; al hermano, fraticidio. Entonces, cuando matan a una travesti por su condición de tal, se debe hablar de travesticidio”, dijo.

Además, agregó: “Si la pregunta es, ¿deben haber tantos sufijos “cidio” como géneros? La respuesta es sí, tantos “cidios” como letras en el anagrama LGTBIQ+, porque la realidad, las circunstancias y penurias de cada colectivo, la discriminación particular y estructural que atraviesan, es tan singular como sus propias identidades”.

Las fallas en el cupo laboral trans y las violencias van de la mano

Por lo general, los crimenes de odio y las violencias se gestan en el ámbito de la prostitución, en donde las trabajadoras sexuales no tienen garantizada la seguridad y, mucho menos, un lugar digno donde ejercer. A pesar de que son muchas las personas que deciden esa forma de vida, gran parte de las trabajadores sexuales buscan otra salida, pero se terminan topando con un sistema que falla.

Según explicó Giovanna, la Ley N° 27.636 de cupo laboral trans -vigente desde septiembre del 2021- no está siendo bien ejecutada y quienes acceden a este derecho se sienten discriminadas y son expulsadas casi automáticamente.

“El cupo laboral trans no nos atraviesa y la gente nos tiene miedo. Los empleadores a veces no nos asignan tareas o nos excluyen. La mayoría de los lugares de trabajo no están preparados para recibirnos. Hay mucha ignorancia. Tampoco existe una capacitación para el empleador”, sostuvo la activista.

“Además, en algunos lugares nos mandan a hacer tareas que no nos corresponden o que nos violentan. Por ejemplo, una compañera nos contó hace poco que en un hospital la pusieron a trabajar de seguridad con policías, los mismos que siempre nos persiguieron y nos estigmatizaron”, señaló.

Antes de la marcha, las referentas de la Asamblea mantuvieron una reunión con funcionarias del organismo provincial, a quienes les entregaron un petitorio de tres carillas, donde detallaban distintos puntos que podrían ser importantes para erradicar la violencia contra el colectivo, así como también prevenirlo.

Uno de los planteos es la creación de una línea de emergencia, que funcione de manera similar a la del 144. “Serviría para asistir a las compañeras en una situación de violencia, para que haya un protocolo establecido”, explicó Giovanna.

Además, reveló que sería importante contar con esta línea, ya que -cuando llaman al 911 por alguna situación de emergencia- en vez de llevar a la víctima al hospital, terminan en la comisaría.

En busca de un techo para “sobrevivir”

La gran mayoría de travestis y trans de la Argentina no cuentan con una vivienda digna, tampoco con asesoría legal o asistencia, incluyendo servicios prevención del VIH, protección médica, social, y justicia. Debido al estigma y a la discriminación que transitaron a lo largo de su vida, muchas no pudieron continuar con sus estudios.

Para ello, desde la comunidad LGTBQ+ exigen desde hace un tiempo la creación de una Casa Travesti Trans en la Provincia, que sea provista por el Estado, pero autogestionada por ellas, al igual que lo que se hizo en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.

“Siempre nos bancamos solas, pero no tenemos acceso a una propiedad para sobrevivir. Y si logramos alquilar algo, siempre nos terminan denunciando los vecinos, nos discriminan y nos expulsan a la ruta. Necesitamos una Casa Travesti Trans para que no haya más pibas en la calle”, expresó Giovanna en torno al pedido que fue expuesto también en la reunión con funcionarias del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.

Se trata de un espacio seguro, donde las personas transgénero puedan empoderarse y adquirir conocimientos y habilidades sin el miedo de sentirse discriminadas, rechazadas o atacadas.

Por su parte, reclamaron celeridad en los trámites para gestionar los subsidios que le son otorgados por el Estado. “La burocracia termina expulsando a muchas compañeras del sistema, que no pueden acceder a un subsidio porque no tienen DNI con su nombre autopercibido, porque no pueden tramitar la cuenta del banco, o por distintos motivos. Es muy engorroso y termina siendo otra violencia a la que nos enfrentamos día a día”.