Pascual, con las religiosas de la orden de las Hermanas de San José
El sacerdote Manuel Fernando Pascual todavía cobra su sueldo de 50 mil pesos del Arzobispado de Buenos Aires, con aportes incluidos, pero ya no celebra misa hace tiempo, ni da ningún sacramento. No quiere hacerlo. Perdió el deseo, dicen cerca suyo. Tal vez necesite su fe para tiempos mucho más graves.
Hoy, tras más de dos años de proceso, Pascual fue condenado por el Tribunal Oral N°3 a 12 años de cárcel por el delito de violar a dos monjas durante cuatro años, abuso sexual gravemente ultrajante, con episodios de tocamientos y sexo oral. La imputación está agravada por el rol de poder que Pascual tiene como sacerdote. El fiscal de juicio Andrés Madrea había pedido 15 años de prisión, lo mismo la querella. La imputación final del caso es, efectivamente, la que pidieron ambas partes acusadoras. Pascual -que estuvo preso en la cárcel de Ezeiza- llegó libre al juicio. Continuará suelto hasta que su pena sea confirmada, afirmaron fuentes judiciales a Infobae.
El caso es particularmente aberrante: Pascual era el pastor y confesor de sus víctimas.
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Entre 2012 y 2016, el cura, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó a las religiosas integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Los hechos, de acuerdo a los testimonios, ocurrieron en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las Hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos.
Hay momentos denigrantes en el expediente, provenientes de los relatos de las víctimas. Una de las religiosas, según su testimonio, habría sido abusada en el campo de las Hermanas de San José, mientras el cura daba misa en privado, en el momento exacto de la consagración de la Eucaristía. En la privacidad del campo, con el pan en su mano, Pascual tomó a la religiosa y la acarició. Luego, sin soltar la Eucaristía, subió con su otra mano hasta su entrepierna.
La monja, al sentirlo, rompió en llanto.
El cura condenado, en plena ofrenda de la Eucaristía
Pascual intentaba que hablaran de sus traumas o les hablaba de soltar esa “mujer de deseo” oculta quizás en su interior. Se forzaba sobre ellas, las obligaba a ciertas prácticas. También tenía otras excusas. Una de sus víctimas declaró que “lo hacía para para que gozara y aprendiera a gozar”. El expediente en su contra tiene como prueba un escrito que el cura le entregaba a sus víctimas, titulado “Lectura cristiana de la sexualidad femenina”.
El sacerdote, de 68 años, hoy goza de una exención de prisión, tras haber estado encerrado en el penal de Ezeiza. El fiscal Madrea pidió que vaya a la cárcel otra vez. Un amigo lo aloja en Palermo, aseguran fuentes judiciales. Tal vez, podría haber recibido una residencia más institucional.
El 30 de abril de 2020, Mario Poli, cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia en Argentina, se presentó en el Tribunal N°3 con un documento firmado por él mismo. Era, en cierta forma, una intercesión.
Mario Poli, cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires
Poli se presentó, precisamente, en medio de un incidente de prisión domiciliaria planteada por la defensa del sacerdote. Según el texto, lo hacía por segunda vez. El documento, con el membrete del Arzobispado porteño, estaba dirigido al entonces presidente del Tribunal N°3, el juez Gustavo Valle. “De mi distinguida consideración”, saludó el cardenal primado.
“Reitero el ofrecimiento que oportunamente hiciera de constituirme en fiador personal para la concesión de su exención de prisión, a fin de ofrecer al Tribunal -para el caso en el que se considere inadecuado el domicilio aportado por la Defensa-, de cumplir la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado de Buenos Aires, del que soy el titular”.
Luego, Poli firmó. El mensaje es obvio: el cardenal primado ofreció propiedad de la Iglesia a su cargo para que un sacerdote acusado de violación evite la cárcel. Ni siquiera el padre Julio Grassi, que recibió una cerrada defensa institucional, tuvo esta oportunidad. Hay otra línea llamativa. En el documento, Poli incluyó el nombre de la religiosa querellante.
Sin ser parte de la causa, el cardenal primado sabía quién acusaba al cura.
La oferta no prosperó. En mayo de este año, en una denegatoria del arresto domiciliario de Pascual, el juez Julio Báez aseguró en su voto: “Finalmente debo señalar que el titular del Arzobispado de Buenos Aires, no solo ha ofrecido ser fiador personal del detenido, sino que ha propuesto un lugar alternativo para el cumplimiento de la medida de coerción personal dispuesta por este Poder del Estado. Más allá del profundo respeto que tengo por la dignidad Episcopal del presentante, en su calidad de Cardenal Primado de la Argentina, estimo que la variante que se propone tampoco logar aventar los riesgos procesales como simiente del encierro anticipado y que ya fuera explicado, no solo en este interlocutorio, sino en todo tratamiento similar a la que fue sometida su situación”.
Es decir, la oferta de Poli no cambiaba ningún problema de fondo en los cálculos de la Justicia. La carta del cardenal, por otra parte, no hizo referencia al proceso canónico que Pascual enfrenta en el seno de la Iglesia y que comenzó desde 2019.
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La carta presentada por Poli al Tribunal N°3
Cerca de Pascual aplauden a Poli, aseguran que hizo lo correcto, que “no le dio la espalda”. “Poli hizo lo que tenía que hacer”, repiten. “En un momento se quiso hacer creer que la Iglesia lo había abandonado y después el cardenal tuvo este gesto”, agregan.
Los mismos partidarios del cura Pascual afirmaron semanas atrás que la causa es una fabulación, una maniobra armada para afectar al cura, una teoría que sostuvieron históricamente a lo largo del caso, en medio de una interna eclesiástica despiadada. Hablan hasta de “un reclutamiento de denunciantes” y un “guionado” de las víctimas. Hasta afirman que le estarían preparando un lugar especial “con vidrios esmerilados” para que resuma su ministerio tras su absolución, porque hay gente que lo espera. “De todas formas”, aseveran, “el daño está hecho”.
Pascual llegó excarcelado a su condena gracias a una decisión judicial, pero esa decisión no le pertenece al TOC N°3, sino al juez de instrucción de otro expediente. El sacerdote sumó una nueva imputación por acceso carnal en octubre de este año, hoy investigada por el fiscal Marcelo Roma. La víctima es otra religiosa, una monja que hoy tiene cerca de 40 años.
Tras llegar a la Justicia acompañada por una hermana superiora de su orden, relató supuestos hechos ocurridos hace menos de una década. Roma, por lo pronto, planea pedir la indagatoria. Dados los plazos temporales y el pedido de pena del fiscal Madrea en su alegato, es poco probable que este caso sea juzgado en el proceso actual.
Si el expediente prospera, será otro juicio. Todo otra vez.
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Máximo Thomsen es el más “complicado” de los rugbiers acusados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La Justicia tiene elementos probatorios que lo posicionan como quién dio el golpe final que termino con la vida del joven a la salida de un boliche de Villa Gesell. Este lunes 6 de febrero será el veredicto.
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El acusado siempre vivió en la ciudad de Zárate junto a su familia. Debido a la situación judicial que atraviesa Máximo, su madre, Rosalía Zárate renunció al cargo de Secretaria de Obras Públicas en la ciudad de Zárate.
¿Quién es Máximo Thomsen?
Tiene 22 años y hasta antes que ocurriera el asesinato en la ciudad balnearia, Thomsen estudiaba Educación Física en la ciudad de Zárate.
El joven practicó rugby a lo largo de toda su infancia en el Arsenal Zárate. Pero en 2017 se unió al Club Atlético de San Isidro (CASI), que actualmente lo suspendió.
Desde el equipo aseguran que el joven nunca se “integró”. Según consignó Clarin, sus compañeros lo describen como alguien“bastante callado”.
Es señalado por la Justicia como el rugbier que le dio la patada mortal al adolescente asesinado a golpes, el 18 de enero de 2020, a la salida de un boliche de Villa Gesell.
Una de las pruebas que incriminan a Thomsen es una zapatilla de lona negra manchada con la sangre de la víctima que le pertenecía. La encontraron en la casa que los rugbiers habían alquilado en la costa.
Del mismo modo, un audio de WhatsApp entre amigos en común de los rugbiers expuso la actuación de Thomsen en el crimen. “Le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y la última lo mató”, se escucha decir a un joven agendado en el grupo como Juani Neme.
Está imputado por “lesiones graves” causadas a seis amigos del joven asesinado.
Thomsen se negó a someterse a las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la querella y la fiscalía. “Ya violaron muchas cosas privadas mías y no quiero que vuelva a pasar”, justificó.
La defensa de Máximo busca remarcar que, según la declaración testimonial de uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Fernando, no se pudo “determinar cuál de todos los golpes y lesiones que describí en dicha zona fue el que le ocasionó el deceso”. De esta forma busca evitar recibir una pena más alta que la del resto de sus amigos.
Thomsen rompió el silencio por primera vez en el juicio: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien”.
Una mujer de 42 años y otra de 25 resultaron heridas de bala este domingo por la tarde en la zona sudoeste de la ciudad, en un nuevo hecho de violencia que se suma a los ya registrados durante las últimas horas en Rosario.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas se encontraban en la zona de Doctor Riva al 3085, en donde la joven de 25 se preparaba para abrir su negocio. En esa misma cuadra, justo al lado, tiene su domicilio la otra mujer herida.
En ese momento, pasadas las 16 horas, dos masculinos que llegaron en moto efectuaron disparos que alcanzaron a ambas, según relató un hombre que posteriormente las trasladó en su auto hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El personal del efector médico que las revisó constató que la mujer de 42 presentaba múltiples heridas de arma de fuego, mientras que la de 25 tenía un único orificio de bala en la axila izquierda.
Este nuevo hecho de violencia se suma a una saga de balaceras y ataques que, antes de que termine el domingo, dejaba un saldo de 3 muertos y varios heridos en la ciudad.
El hombre que desde hace seis meses llevaría un hostigamiento permanente contra Marta Quintana de 54, y que tuvo su punto de ebullición el viernes 3 cuando se produjo un incidente en avenida Belgrano y Malvinas Argentinas, donde amos trabajaban, deberá en la mañana de este lunes comparecer ante la fiscal de Investigaciones Rosana Soto.
El capataz lleva tres días preso, luego que fuera denunciado por Quintana y su hijo Claudio López. Las cámaras de seguridad ese día tomaron como Aguilar se acerca a la mujer, presuntamente para indicarle el trabajo que debe hacer, mientras Quintana está al lado de una carretilla: la empleada le arrojó un cono de señalización vial por la cabeza y luego se ve a López que interviene y lo saca a Aguilar del frente de su madre de un golpe de puño.
En la denuncia de la mujer consta que el jefe de ella le pidió en malos términos que volviera a hacer un trabajo y además, que le exige usar la pala cuando hay tareas que no puede cumplirlas porque es paciente en recuperación de cáncer de mama. En ese sentido, los constantes asedios sin respetar el cuadro de salud de la trabajadora, ha llevado en estos meses a una relación tirante.
Marta Quintana, asegura que es hostigada desde hace seis meses por parte de su jefe y radicó una denuncia.
Por eso, las cámaras captan cuando aparece el hijo de Quintana y agrede al capataz. El hostigamiento viene desde hace tiempo. Por otro lado, la víctima y otros empleados sabían que Aguilar llevaba una pistola en la riñonera, por eso en los videos registrados por testigos se puede oír que la mujer a gritos pide que se le saque el arma, algo que luego se comprobó con el arribo de los policías: tenía una pistola Bersa Thunder 380 y hoy tendrá que explicar qué hacía con una pistola en el trabajo y en la calle.
NORTE pudo saber de fuentes judiciales que el hombre tenía el permiso vencido y no cuenta con la habilitación para portación, por lo que fue el motivo principal que llevó a la fiscal a ordenar que permanezca detenido y citarlo para declaración de imputado. Por otro lado, también el Ministerio Público dispuso se entregue un botón de pánico para la víctima y para el hijo, dispositivo que le fue cedido el mismo viernes de manera inmediata.
EL REPUDIO Y LA PREOCUPACIÓN EN EL MUNCIPIO
El violento episodio que deberá dilucidarse que fue lo que pasó, obligó a las autoridades municipales a repudiarlo y garantizar la integridad de los trabajadores. Fue el subsecretario de Servicios, Luís Alonso, quien dejó en claro que el gobierno municipal impulsa una política de erradicación definitiva de todas las violencias en todos los ámbitos de la municipalidad.
‘Yo pensé que era una cuestión superada, que habíamos superado viejas prácticas a partir de la revalorización y jerarquización; a partir también de generar las mejores condiciones para todos los compañeros trabajadores y en muchos casos dando la oportunidad de que cada uno elija el lugar donde quería desempeñar su tarea con el fin de aportar a una armonía que termine significando una mejor prestación de los servicios‘, reconoció.
