El fiscal del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, pidió este jueves que la madre de la víctima y su pareja sean condenadas por el “homicidio calificado y abuso sexual” de la víctima. El veredicto del tribunal a cargo del debate se conocerá en febrero.
Por su parte, la querella agregó en su acusación el agravante de “odio de género”. En cuanto a las defensas, plantearon la hipótesis de un hecho “preterintencional”, es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño, pero no la muerte.
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El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad al momento del crimen, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa.
Las dos mujeres están presas desde noviembre por el crimen de Lucio Dupuy, (Foto: Twitter/@abigailpaez26)
La fiscal pampeana Verónica Ferrero acusó en su exposición a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene, y su pareja, Abigail Páez, de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, según informaron fuentes judiciales a Télam.
Para la fiscalía, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa. A su vez, señaló que las múltiples lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.
Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el nene tenía “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”. En este sentido, indicó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones.
Tras la muerte de Lucio, se determinó que el niño fue asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, no había denuncias de los médicos al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
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Por su parte, Blanco Gómez, defensora oficial de Páez, afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no hubo dolo (intencionalidad) y que la imputada admitió haberle pegado a Lucio, pero que no buscó el resultado de muerte.
Ante el tribunal integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, la defensora sostuvo que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda en el caso del abuso sexual.
Tras los alegatos, el debate se reanudará el 2 de febrero próximo, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no. Luego de esto, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia, en la que finalmente se fijará el monto de la pena.
De qué están acusadas la mamá de Lucio y su pareja
En su alegato, Ferrero habló de un maltrato físico continuo y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones. Por esto, acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años”.
Mientras que a Páez la imputó de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años”.
En tanto, el abogado de la querella particular, José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió al pedido de la fiscalía. También agregó el agravante de “odio de género” para el homicidio, al sostener que esa fue “la motivación” para matar a Lucio.
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Lucio fue asesinado el 26 de noviembre pasado, tras sufrir años de maltratos y abusos. (Foto: Facebook/ Christian Dupuy).
El último alegato fue el de la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Graciela Massara. La asesora reafirmó que existió maltrato infantil por acción y omisión, y reiteró que las acusadas fueron violentas con Lucio.
Qué declararon Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti
Tras los alegatos, Páez pronunció sus últimas palabras, en las que manifestó: “Todo lo que puedan decir de mi es horrible, por eso les pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá”.
”También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque les fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, añadió.
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Mientras que Espósito Valenti asumió sus culpas por los incumplimientos como madre y contratacó: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura”.
“Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, finalizó.
Un tribunal resolvió condenar a prisión perpetua este lunes a un joven de 22 años como coautor de un homicidio cometido en julio de 2020 en barrio Tío Rolo. El juicio oral tuvo su comienzo el 20 de marzo con Miguel Ángel “Miguelito” Núñez en el banquillo como uno de los homicidas de Javier Alejandro Miño, muerto de 23 disparos cuando tenía 21 años.
A las 20.20 del lunes 6 de julio de 2020, plena cuarentena por coronavirus, Miño charlaba con un vecino a metros de su casa. Estaban en bulevar Avellaneda al 6600, casi esquina Pasaje 2127, cuando el conductor de un Renault Sandero frenó en el medio de la calle y cerca de ellos. Del vehículo bajaron dos personas que le dispararon 23 tiros. Miño se desplomó y falleció casi en el acto producto de múltiples heridas de arma de fuego a la altura del tórax.
En el legajo fiscal, consta la participación en el crimen de un adolescente apodado Chulo, que es hijo de Oscar “Manco” García, conocido en las crónicas policiales por ser el propietario de un distribuidora de Lamadrid y Constitución, barrio Plata. Un comercio que en los últimos años fue blanco de allanamientos y ataques a tiros, algunos de ellos fatales. Como el que el 20 de julio de 2021 le costó la vida al panadero Gaetano Di Bartolomeo, cliente ocasional del lugar que justo había ido a comprar bebidas.
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Incluso, el propio Manco fue herido en ese lugar en septiembre de 2019 durante una emboscada que le costó la vida a un empleado, Cristian Beliz, y obligó al Manco a desplazarse en silla de ruedas desde entonces.
Durante la investigación del caso Miño, Núñez y Chulo cayeron durante un allanamiento de la División Homicidios en esa distribuidora, en noviembre de 2020.
El crimen de Miño fue calificado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y por la participación de un menor de edad en concurso real con portación ilegítima de arma de guerra.
Cinco días antes de ser asesinado, a Miño lo habían perseguido a tiros desde un auto Peugeot de modelo viejo pero entonces logró esconderse en la casa de un vecino.
El conflicto, según testimonios reunidos en la investigación, había comenzado en un baile en el que “se agarraron a piñas” y tras el cual Miño presentó una denuncia contra Núñez: “Este pibe quedó preso y le dijo que se iba a vengar. Estuvo un par de días preso y después salió”.
El proceso concluyó este lunes. Las juezas Andrea Aronne, Paula Álvarez y Paola Aguirre condenaron a perpetua a Núñez.
El defensor del imputado indicó al comienzo del debate que su defendido había reconocido su culpabilidad en una audiencia previa y que con aquella declaración dejó en claro que no había un plan premeditado ni participó un menor de edad (a quien también defiende). Por esta razón había solicitado al tribunal que sea condenado una pena cercana al mínimo legal.
Guillermo Montenegro presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, entre otros funcionarios, que habilitaron la cesión del terreno de El Marquesado «sin notificar» a las autoridades municipales, alegando incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El jefe comunal acusó al Gobierno nacional de «simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal», en una acusación que se hizo extensiva a Marcos Santucho, presidente de la Asociación Civil Tercer TIempo, Osmar Nuñez, ocupante del predio, y a la abogada Gabriela Carpineti, quien se presentó como patrocinane de la organización.
Entre sus principales pedidos, solicitó la restitución inmediata del predio de 140 hectáreas donde se proyectó la construcción de huertas comunitarias.
«Con asombro advierte que asistimos a un sinfin de conductas tipicas, casi un relato delictual de de la saga ‘Elige tu Propia Aventura‘: incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y usurpación. Pase y elija su propio delito. Para beneficiar a ‘sus amigos‘ y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejaron una conducta sin tipificar. No lo voy a permitir ni como vecino de General Pueyrrredon ni como Intendente Municipal», contrastó en un pasaje del escrito.
En los fundamentos que rubricó la entidad del Gobierno con la organización que responde a Juan Grabois para el desarrollo de un proyecto agroecológico, Montenegro acusó inconsistencias como que no existía ningún riesgo de intrusión. «No sólo es falso que existiera riesgo de intrusión que justificara el otorgamiento del convenio: también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa; fue constatada la existencia de un cuidador por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue ´retirado´ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores», arremetió en el escrito donde solicitó ser querellante de la causa.
El acuerdo entre el AABE y la asociación civil «Tercer tiempo», ligada al MTE, fue firmada el 16 de febrero último y dispuso la entrega gratuita a partir de esa fecha de 140 hectáreas para la guarda de esas tierras en carácter provisorio por el plazo de 180 días renovables por otros 90 días a los efectos de su custodia, preservación, limpieza y acondicionamiento para su uso como chacras productivas.
Los investigadores de Drogas Peligrosas, y efectivos de la comisaría local con el Comando de Operaciones Especiales (COE) arribaron al campo al tener información que se hallaría Oscar «Poro» Cárdenas, pero no lograron dar con el sospechoso de participar en el crimen del camionero Fernando Cárdenas. En el lugar hallaron una escopeta calibre. 12 milímetros que estaba ocultada entre las malezas.
La escopeta que hallaron agentes policiales en un campo en Avia Terai. Fueron a detener a Oscar «Poro» Cárdenas y no lo encontraron. Es primo del principal sospechoso.
Por lo cual, se busca al primo de «Tino» quien habría participado del ataque que terminó con la muerte del hombre de Villa Ocampo.
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