Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca que fue hallado asesinado en su casa (Facebok Partido Justicialista Catamarca)
El juez de Control y Garantías de Catamarca, Lucas Vaccaroni, que investiga el crimen del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, quien fue hallado asesinado a golpes en la cabeza el pasado 4 de diciembre en el patio de su casa de la capital provincial, ordenó la libertad de la empleada de la víctima al considerar que existieron “irregularidades” en el procedimiento de su detención, ya que ni el fiscal del caso ni el secretario firmaron el acta de los allanamientos.
La resolución de Vaccaroni excarceló a Silvina Nieva (50), quien había sido imputada de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía” en perjuicio de Rojas, y cuyos fundamentos se conocieron en las últimas horas.
“El juez actuó de oficio, es un acto nulo, de nulidad absoluta. El juez de control de garantías ha dictado que el decreto de detención de la Silvina del Valle Nieva es nulo porque no tenía las firmas del secretario, ni del fiscal (Laureano Palacios) que instruye la causa, y tampoco tenía las justificaciones de por qué no tenía las firmas”, explicó hoy en diálogo con la agencia de noticias Télam el abogado Gabriel Díaz, defensor de la empleada detenida.
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En esta línea, el letrado señaló “por lo tanto, es nula la detención y los actos procesales posteriores a la detención. La indagatoria también es nula”, tras lo cual aseguró que está analizando denunciar “al Ministerio Público Fiscal por privación ilegítima de la libertad”.
En Catamarca hubo una marcha por el crimen de Rojas
Finalmente, Díaz indicó que “en las próximas horas se producirán las visualizaciones de algunos elementos digitales, como así también se está esperando los resultados de ADN en las prendas que se habían secuestrado en los allanamientos de la casa de Nieva, y de una llave”.
Más temprano, Iván Sarquís, abogado de la familia de Rojas, expresó: “La familia está absolutamente expectante porque quiere saber si el Juzgado de Control de Garantías, en el momento en el que esto se subsane, va a evaluar y va a determinar si es suficiente la plausibilidad de la participación criminal de Nieva. Queremos saber cuál es la prueba que pesa sobre ella y si la misma tiene la relevancia suficiente para que se la considere implicada en la causa”.
Nieva había sido detenida como sospechosa del crimen el pasado jueves por algunas “inconsistencias” en sus declaraciones, mientras que el sábado el fiscal de la causa, Laureano Palacios, decidió imputarla por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía”.
Juan Carlos Rojas fue encontrado muerto el pasado 4 de diciembre en el patio de su casa, ubicada en el Barrio Parque Argentina de la capital provincial. En primera instancia, la causa de fallecimiento fue caratulada como “muerte natural” y posteriormente, tras realizarse la segunda autopsia a pedido de la familia, fue cambiada por la de “homicidio”. Los resultados arrojaron que el ex funcionario murió de un “traumatismo de cráneo”, efectuado con un objeto contundente y sin filo, entre 25 y 30 horas antes de ser hallado.
Juan Carlos Rojas
A partir de ahí, la querella solicitó que se sumen fiscales coadyuvantes. El procurador general de Catamarca, Alejandro Dalla Lasca, hizo lugar al requerimiento y se sumaron dos fiscales colaboradores: Hugo Costilla, fiscal de instrucción penal 5, y Alejandro Gober, fiscal de instrucción penal 7, a cargo de la Unidad de Ciberdelitos.
En este marco, se ordenó el allanamiento de las viviendas de algunos familiares y allegados de Rojas, las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la sede de la UTHGRA, donde se secuestraron elementos tecnológicos y ropa.
El 7 de diciembre, la Justicia ordenó la detención de Nieva, quien fue liberada ayer. Sin embargo, la empleada aún continúa imputada por el delito de “doble homicidio calificado”.
“Las hipótesis están abiertas y las pesquisas están en pleno proceso investigativo. La causa es compleja y se ha iniciado con algún grado de desprolijidad. Queremos que la investigación rápidamente se encauce y que logre recabar los elementos probatorios que esclarezcan los hechos. La energía y la vista está puesta en ese sentido”, dijo Sarquís en comunicación con este medio.
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Máximo Thomsen es el más “complicado” de los rugbiers acusados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La Justicia tiene elementos probatorios que lo posicionan como quién dio el golpe final que termino con la vida del joven a la salida de un boliche de Villa Gesell. Este lunes 6 de febrero será el veredicto.
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El acusado siempre vivió en la ciudad de Zárate junto a su familia. Debido a la situación judicial que atraviesa Máximo, su madre, Rosalía Zárate renunció al cargo de Secretaria de Obras Públicas en la ciudad de Zárate.
¿Quién es Máximo Thomsen?
Tiene 22 años y hasta antes que ocurriera el asesinato en la ciudad balnearia, Thomsen estudiaba Educación Física en la ciudad de Zárate.
El joven practicó rugby a lo largo de toda su infancia en el Arsenal Zárate. Pero en 2017 se unió al Club Atlético de San Isidro (CASI), que actualmente lo suspendió.
Desde el equipo aseguran que el joven nunca se “integró”. Según consignó Clarin, sus compañeros lo describen como alguien“bastante callado”.
Es señalado por la Justicia como el rugbier que le dio la patada mortal al adolescente asesinado a golpes, el 18 de enero de 2020, a la salida de un boliche de Villa Gesell.
Una de las pruebas que incriminan a Thomsen es una zapatilla de lona negra manchada con la sangre de la víctima que le pertenecía. La encontraron en la casa que los rugbiers habían alquilado en la costa.
Del mismo modo, un audio de WhatsApp entre amigos en común de los rugbiers expuso la actuación de Thomsen en el crimen. “Le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y la última lo mató”, se escucha decir a un joven agendado en el grupo como Juani Neme.
Está imputado por “lesiones graves” causadas a seis amigos del joven asesinado.
Thomsen se negó a someterse a las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la querella y la fiscalía. “Ya violaron muchas cosas privadas mías y no quiero que vuelva a pasar”, justificó.
La defensa de Máximo busca remarcar que, según la declaración testimonial de uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Fernando, no se pudo “determinar cuál de todos los golpes y lesiones que describí en dicha zona fue el que le ocasionó el deceso”. De esta forma busca evitar recibir una pena más alta que la del resto de sus amigos.
Thomsen rompió el silencio por primera vez en el juicio: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien”.
Una mujer de 42 años y otra de 25 resultaron heridas de bala este domingo por la tarde en la zona sudoeste de la ciudad, en un nuevo hecho de violencia que se suma a los ya registrados durante las últimas horas en Rosario.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas se encontraban en la zona de Doctor Riva al 3085, en donde la joven de 25 se preparaba para abrir su negocio. En esa misma cuadra, justo al lado, tiene su domicilio la otra mujer herida.
En ese momento, pasadas las 16 horas, dos masculinos que llegaron en moto efectuaron disparos que alcanzaron a ambas, según relató un hombre que posteriormente las trasladó en su auto hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El personal del efector médico que las revisó constató que la mujer de 42 presentaba múltiples heridas de arma de fuego, mientras que la de 25 tenía un único orificio de bala en la axila izquierda.
Este nuevo hecho de violencia se suma a una saga de balaceras y ataques que, antes de que termine el domingo, dejaba un saldo de 3 muertos y varios heridos en la ciudad.
El hombre que desde hace seis meses llevaría un hostigamiento permanente contra Marta Quintana de 54, y que tuvo su punto de ebullición el viernes 3 cuando se produjo un incidente en avenida Belgrano y Malvinas Argentinas, donde amos trabajaban, deberá en la mañana de este lunes comparecer ante la fiscal de Investigaciones Rosana Soto.
El capataz lleva tres días preso, luego que fuera denunciado por Quintana y su hijo Claudio López. Las cámaras de seguridad ese día tomaron como Aguilar se acerca a la mujer, presuntamente para indicarle el trabajo que debe hacer, mientras Quintana está al lado de una carretilla: la empleada le arrojó un cono de señalización vial por la cabeza y luego se ve a López que interviene y lo saca a Aguilar del frente de su madre de un golpe de puño.
En la denuncia de la mujer consta que el jefe de ella le pidió en malos términos que volviera a hacer un trabajo y además, que le exige usar la pala cuando hay tareas que no puede cumplirlas porque es paciente en recuperación de cáncer de mama. En ese sentido, los constantes asedios sin respetar el cuadro de salud de la trabajadora, ha llevado en estos meses a una relación tirante.
Marta Quintana, asegura que es hostigada desde hace seis meses por parte de su jefe y radicó una denuncia.
Por eso, las cámaras captan cuando aparece el hijo de Quintana y agrede al capataz. El hostigamiento viene desde hace tiempo. Por otro lado, la víctima y otros empleados sabían que Aguilar llevaba una pistola en la riñonera, por eso en los videos registrados por testigos se puede oír que la mujer a gritos pide que se le saque el arma, algo que luego se comprobó con el arribo de los policías: tenía una pistola Bersa Thunder 380 y hoy tendrá que explicar qué hacía con una pistola en el trabajo y en la calle.
NORTE pudo saber de fuentes judiciales que el hombre tenía el permiso vencido y no cuenta con la habilitación para portación, por lo que fue el motivo principal que llevó a la fiscal a ordenar que permanezca detenido y citarlo para declaración de imputado. Por otro lado, también el Ministerio Público dispuso se entregue un botón de pánico para la víctima y para el hijo, dispositivo que le fue cedido el mismo viernes de manera inmediata.
EL REPUDIO Y LA PREOCUPACIÓN EN EL MUNCIPIO
El violento episodio que deberá dilucidarse que fue lo que pasó, obligó a las autoridades municipales a repudiarlo y garantizar la integridad de los trabajadores. Fue el subsecretario de Servicios, Luís Alonso, quien dejó en claro que el gobierno municipal impulsa una política de erradicación definitiva de todas las violencias en todos los ámbitos de la municipalidad.
‘Yo pensé que era una cuestión superada, que habíamos superado viejas prácticas a partir de la revalorización y jerarquización; a partir también de generar las mejores condiciones para todos los compañeros trabajadores y en muchos casos dando la oportunidad de que cada uno elija el lugar donde quería desempeñar su tarea con el fin de aportar a una armonía que termine significando una mejor prestación de los servicios‘, reconoció.