Reynaldo Delfín Castedo fue condenado a 16 años de cárcel
La justicia federal de Salta condenó a Reynaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, uno de los narcotraficantes más poderosos del país, a 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos.
Los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, del Tribunal Oral Federal 1 de la mencionada provincia dictaron el fallo contra Castedo y otros seis imputados a los que se les impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel. Además ordenaron el decomiso de una finca de 19.954 hectáreas.
A Delfín Castedo también se lo condenó como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada, por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”.
La investigación del caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, que encabezan los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba. En el debate oral -que comenzó el 3 de noviembre de 2021 y finalizó este miércoles 7 de diciembre- intervinieron el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.
Los magistrados condenaron también al hermano a Delfín, Raúl Amadeo Castedo, y al martillero público Eduardo Torino, a 9 años de prisión, como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi deberán cumplir una pena de 7 años de cárcel. En tanto, la exmujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión, y Mario Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero resultó absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización.
Además del cumplimiento efectivo de cárcel, todos los condenados deberán abonar multas de entre 90 mil y 1.200.000 pesos. Los hermanos Castedo rechazaron las acusaciones del TOF 1 y se consideraron víctimas de una persecución en su contra. Por su parte, Torino dijo que era ajeno a los hechos y que todo fue un producto de un “mal negocio”.
Araujo se describió como “una mujer sencilla, de pueblo, que le tocó ser la mujer de Castedo” y los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.
En el marco de la misma causa, los jueces ordenaron el decomiso de un Volkswagen Cross Fox, en el que se trasladaba Araujo, el cual quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta para ser destinado a los Ministerios de Salud o Educación. También se decomisó a favor del Estado Nacional la finca denominada El Aybal, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento San Martín, del norte salteño. Se trata de una propiedad que limita con la frontera de Bolivia por la cual se traficaba alrededor de 4 mil kilos de cocaína por mes que tendrían a Europa como destino final.
«Delfin» Castedo, al momento de su detención: enviaba sus paquetes con el logo de su apodo (Télam)
Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la labor de la Procunar NOA y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio y con los que la fiscalía compartió casi en su totalidad los argumentos y pedidos de pena para los acusados.
Los fiscales Amad y Viltes Monier mostraron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
En base a las pruebas, indicaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios.
En este sentido, recordaron el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, en Salvador Mazza. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo. En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo por el homicidio de Ledesma.
Meses atrás se dio una disputa entre el líder narco y la Universidad de Buenos Aires (UBA) que denunció ante el Tribunal Criminal en lo Federal 2 de La Plata, la tala ilegal y deforestación en los campos de Castedo. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decomisó esos campos bajo la figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero” al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de activos. En ese marco, la justicia decidió que las dos fincas narco, “El Aybal” y “El Pajeal”, fuesen administradas por la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (SAU).
Fueron las autoridades de la SAU quienes denunciaron la instalación de campamentos con obreros para realizar la tala clandestina y el traslado de la madera en camiones.
Las 28.000 hectáreas en disputa y que la familia Castedo intentó recuperar son de vital importancia para el negocio narco por su ubicación estratégica: la selva que cubre ese suelo y la escasa accesibilidad al lugar hace prácticamente invisible los pasos clandestinos que en su momento abrió Delfín Castedo y que dividían a los dos países con una tranquera.
Con información de Agencia Télam.
Seguir leyendo:
La pelea entre la UBA y el narcotraficante más poderoso del país por 28 mil hectáreas en Salta
Un tribunal resolvió condenar a prisión perpetua este lunes a un joven de 22 años como coautor de un homicidio cometido en julio de 2020 en barrio Tío Rolo. El juicio oral tuvo su comienzo el 20 de marzo con Miguel Ángel “Miguelito” Núñez en el banquillo como uno de los homicidas de Javier Alejandro Miño, muerto de 23 disparos cuando tenía 21 años.
A las 20.20 del lunes 6 de julio de 2020, plena cuarentena por coronavirus, Miño charlaba con un vecino a metros de su casa. Estaban en bulevar Avellaneda al 6600, casi esquina Pasaje 2127, cuando el conductor de un Renault Sandero frenó en el medio de la calle y cerca de ellos. Del vehículo bajaron dos personas que le dispararon 23 tiros. Miño se desplomó y falleció casi en el acto producto de múltiples heridas de arma de fuego a la altura del tórax.
En el legajo fiscal, consta la participación en el crimen de un adolescente apodado Chulo, que es hijo de Oscar “Manco” García, conocido en las crónicas policiales por ser el propietario de un distribuidora de Lamadrid y Constitución, barrio Plata. Un comercio que en los últimos años fue blanco de allanamientos y ataques a tiros, algunos de ellos fatales. Como el que el 20 de julio de 2021 le costó la vida al panadero Gaetano Di Bartolomeo, cliente ocasional del lugar que justo había ido a comprar bebidas.
.
Incluso, el propio Manco fue herido en ese lugar en septiembre de 2019 durante una emboscada que le costó la vida a un empleado, Cristian Beliz, y obligó al Manco a desplazarse en silla de ruedas desde entonces.
Durante la investigación del caso Miño, Núñez y Chulo cayeron durante un allanamiento de la División Homicidios en esa distribuidora, en noviembre de 2020.
El crimen de Miño fue calificado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y por la participación de un menor de edad en concurso real con portación ilegítima de arma de guerra.
Cinco días antes de ser asesinado, a Miño lo habían perseguido a tiros desde un auto Peugeot de modelo viejo pero entonces logró esconderse en la casa de un vecino.
El conflicto, según testimonios reunidos en la investigación, había comenzado en un baile en el que “se agarraron a piñas” y tras el cual Miño presentó una denuncia contra Núñez: “Este pibe quedó preso y le dijo que se iba a vengar. Estuvo un par de días preso y después salió”.
El proceso concluyó este lunes. Las juezas Andrea Aronne, Paula Álvarez y Paola Aguirre condenaron a perpetua a Núñez.
El defensor del imputado indicó al comienzo del debate que su defendido había reconocido su culpabilidad en una audiencia previa y que con aquella declaración dejó en claro que no había un plan premeditado ni participó un menor de edad (a quien también defiende). Por esta razón había solicitado al tribunal que sea condenado una pena cercana al mínimo legal.
Guillermo Montenegro presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, entre otros funcionarios, que habilitaron la cesión del terreno de El Marquesado «sin notificar» a las autoridades municipales, alegando incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El jefe comunal acusó al Gobierno nacional de «simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal», en una acusación que se hizo extensiva a Marcos Santucho, presidente de la Asociación Civil Tercer TIempo, Osmar Nuñez, ocupante del predio, y a la abogada Gabriela Carpineti, quien se presentó como patrocinane de la organización.
Entre sus principales pedidos, solicitó la restitución inmediata del predio de 140 hectáreas donde se proyectó la construcción de huertas comunitarias.
«Con asombro advierte que asistimos a un sinfin de conductas tipicas, casi un relato delictual de de la saga ‘Elige tu Propia Aventura‘: incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y usurpación. Pase y elija su propio delito. Para beneficiar a ‘sus amigos‘ y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejaron una conducta sin tipificar. No lo voy a permitir ni como vecino de General Pueyrrredon ni como Intendente Municipal», contrastó en un pasaje del escrito.
En los fundamentos que rubricó la entidad del Gobierno con la organización que responde a Juan Grabois para el desarrollo de un proyecto agroecológico, Montenegro acusó inconsistencias como que no existía ningún riesgo de intrusión. «No sólo es falso que existiera riesgo de intrusión que justificara el otorgamiento del convenio: también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa; fue constatada la existencia de un cuidador por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue ´retirado´ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores», arremetió en el escrito donde solicitó ser querellante de la causa.
El acuerdo entre el AABE y la asociación civil «Tercer tiempo», ligada al MTE, fue firmada el 16 de febrero último y dispuso la entrega gratuita a partir de esa fecha de 140 hectáreas para la guarda de esas tierras en carácter provisorio por el plazo de 180 días renovables por otros 90 días a los efectos de su custodia, preservación, limpieza y acondicionamiento para su uso como chacras productivas.
Los investigadores de Drogas Peligrosas, y efectivos de la comisaría local con el Comando de Operaciones Especiales (COE) arribaron al campo al tener información que se hallaría Oscar «Poro» Cárdenas, pero no lograron dar con el sospechoso de participar en el crimen del camionero Fernando Cárdenas. En el lugar hallaron una escopeta calibre. 12 milímetros que estaba ocultada entre las malezas.
La escopeta que hallaron agentes policiales en un campo en Avia Terai. Fueron a detener a Oscar «Poro» Cárdenas y no lo encontraron. Es primo del principal sospechoso.
Por lo cual, se busca al primo de «Tino» quien habría participado del ataque que terminó con la muerte del hombre de Villa Ocampo.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/Y7ES7PMMPZB5RNQOF5SIQ43IIY.jpg "Una adolescente murió en un choque en Córdoba y su familia decidió donar sus órganos: “Somos instantes”")
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6TR3OR4B2RB4RPDBMUQMIKHOYY.jpg "Dos nenas hallaron un cuerpo maniatado y quemado en Mariano Acosta: los tatuajes pueden ser clave")
