Los procesados están acusados de integrar una asociación ilícita. Foto: Eva Cabrera.
La fiscalía del juicio que se sigue al exjuez platense César Melazo sostuvo este martes que el exmagistrado tenía «una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita» y que su situación patrimonial «no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial» y es un «indicio más» que avala ese rol delictivo.
Así lo afirmaron esta tarde los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo al alegar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata, exposición que no concluyeron y continuarán el próximo 13 de diciembre a las 10.45.
La fiscalía comenzó a alegar este lunes, pero la audiencia debió suspenderse luego que, tras un cuarto intermedio, el imputado Carlos «Macha» Barroso Luna no se presentó en la sala de audiencias y no respondió a los llamados a su teléfono celular.
Ante esta situación, el tribunal ordenó su detención y Barroso Luna, quien gozaba de una excarcelación, fue recapturado anoche en las calles 47 y 120 de La Plata, y este martes fue llevado a la audiencia.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017. Foto: Eva Cabrera.
El imputado explicó que nunca se fugó y que había ido «a llevar al médico a su mamá», y que incluso envió un mensaje al respecto, pero el tribunal no creyó en este argumento y dispuso que Barroso Luna continúe detenido hasta el final del juicio.
Luego, los dos fiscales retomaron su alegato respecto de Melazo y otros ocho acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.
Sibuet y Huergo afirmaron que «10 sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi».
El imputado explicó que nunca se fugó y que había ido «a llevar al médico a su mamá». Foto: Eva Cabrera.
«La asociación ilícita quedó acreditada por su periodicidad y habitualidad en el trato entre los miembros que la integran, su permanencia en el tiempo, su forma de actuar coordinada en busca de protección y para asegurar los fines de esa asociación», afirmó Sibuet.
El fiscal aludió a las pruebas que confirman las reuniones que mantenían los presuntos miembros de esa asociación, pasando incluso diversas escuchas, que mostraban «la indudable conexión entre cada uno de ellos».
«Melazo está sindicado como jefe de esa organización», remarcó Sibuet y enumeró numerosas sanciones aplicadas al exjuez por irregularidades en su desempeño y cómo surgió de la investigación que los delitos de esta asociación se cometían cuando él estaba de turno.
Foto: Eva Cabrera.
El fiscal no dudó en precisar que «Melazo conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante».
Mientras que Huergo expuso detalles de la situación patrimonial de el exjuez, sus hijos, la madre de los hijos de Melazo y otra esposa que era policía.
La fiscal dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia, como un automóvil Mercedes Benz, dos camionetas Toyota Hilux, un Smart Fourfour; un Renault Capture; dos vehículos Peugeot; un cuatriciclo; lotes en Cariló, una propiedad en la localidad de Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como por ejemplo retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares.
También detalló que entre 1996 y el 2017, Melazo realizó 40 viajes al exterior, con destinos a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países.
Foto: Eva Cabrera.
«No nos quedan dudas que la situación patrimonial de Melazo no se corresponde con los ingresos corrientes del poder judicial, de las categorías que tuvo en esos años y por eso consideramos que este breve racconto es un indicio más de que efectivamente tuvo participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita que cometió delitos para enriquecerse con su producción», indicó la fiscal.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados están acusados de integrar una asociación ilícita que cometía «robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas».
Además, «algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial» y el exjuez Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.
Máximo Thomsen es el más “complicado” de los rugbiers acusados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La Justicia tiene elementos probatorios que lo posicionan como quién dio el golpe final que termino con la vida del joven a la salida de un boliche de Villa Gesell. Este lunes 6 de febrero será el veredicto.
Leé también: Las 5 frases más fuertes de la declaración de Máximo Thomsen
El acusado siempre vivió en la ciudad de Zárate junto a su familia. Debido a la situación judicial que atraviesa Máximo, su madre, Rosalía Zárate renunció al cargo de Secretaria de Obras Públicas en la ciudad de Zárate.
¿Quién es Máximo Thomsen?
Tiene 22 años y hasta antes que ocurriera el asesinato en la ciudad balnearia, Thomsen estudiaba Educación Física en la ciudad de Zárate.
El joven practicó rugby a lo largo de toda su infancia en el Arsenal Zárate. Pero en 2017 se unió al Club Atlético de San Isidro (CASI), que actualmente lo suspendió.
Desde el equipo aseguran que el joven nunca se “integró”. Según consignó Clarin, sus compañeros lo describen como alguien“bastante callado”.
Es señalado por la Justicia como el rugbier que le dio la patada mortal al adolescente asesinado a golpes, el 18 de enero de 2020, a la salida de un boliche de Villa Gesell.
Una de las pruebas que incriminan a Thomsen es una zapatilla de lona negra manchada con la sangre de la víctima que le pertenecía. La encontraron en la casa que los rugbiers habían alquilado en la costa.
Del mismo modo, un audio de WhatsApp entre amigos en común de los rugbiers expuso la actuación de Thomsen en el crimen. “Le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y la última lo mató”, se escucha decir a un joven agendado en el grupo como Juani Neme.
Está imputado por “lesiones graves” causadas a seis amigos del joven asesinado.
Thomsen se negó a someterse a las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la querella y la fiscalía. “Ya violaron muchas cosas privadas mías y no quiero que vuelva a pasar”, justificó.
La defensa de Máximo busca remarcar que, según la declaración testimonial de uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Fernando, no se pudo “determinar cuál de todos los golpes y lesiones que describí en dicha zona fue el que le ocasionó el deceso”. De esta forma busca evitar recibir una pena más alta que la del resto de sus amigos.
Thomsen rompió el silencio por primera vez en el juicio: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien”.
Una mujer de 42 años y otra de 25 resultaron heridas de bala este domingo por la tarde en la zona sudoeste de la ciudad, en un nuevo hecho de violencia que se suma a los ya registrados durante las últimas horas en Rosario.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas se encontraban en la zona de Doctor Riva al 3085, en donde la joven de 25 se preparaba para abrir su negocio. En esa misma cuadra, justo al lado, tiene su domicilio la otra mujer herida.
En ese momento, pasadas las 16 horas, dos masculinos que llegaron en moto efectuaron disparos que alcanzaron a ambas, según relató un hombre que posteriormente las trasladó en su auto hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El personal del efector médico que las revisó constató que la mujer de 42 presentaba múltiples heridas de arma de fuego, mientras que la de 25 tenía un único orificio de bala en la axila izquierda.
Este nuevo hecho de violencia se suma a una saga de balaceras y ataques que, antes de que termine el domingo, dejaba un saldo de 3 muertos y varios heridos en la ciudad.
El hombre que desde hace seis meses llevaría un hostigamiento permanente contra Marta Quintana de 54, y que tuvo su punto de ebullición el viernes 3 cuando se produjo un incidente en avenida Belgrano y Malvinas Argentinas, donde amos trabajaban, deberá en la mañana de este lunes comparecer ante la fiscal de Investigaciones Rosana Soto.
El capataz lleva tres días preso, luego que fuera denunciado por Quintana y su hijo Claudio López. Las cámaras de seguridad ese día tomaron como Aguilar se acerca a la mujer, presuntamente para indicarle el trabajo que debe hacer, mientras Quintana está al lado de una carretilla: la empleada le arrojó un cono de señalización vial por la cabeza y luego se ve a López que interviene y lo saca a Aguilar del frente de su madre de un golpe de puño.
En la denuncia de la mujer consta que el jefe de ella le pidió en malos términos que volviera a hacer un trabajo y además, que le exige usar la pala cuando hay tareas que no puede cumplirlas porque es paciente en recuperación de cáncer de mama. En ese sentido, los constantes asedios sin respetar el cuadro de salud de la trabajadora, ha llevado en estos meses a una relación tirante.
Marta Quintana, asegura que es hostigada desde hace seis meses por parte de su jefe y radicó una denuncia.
Por eso, las cámaras captan cuando aparece el hijo de Quintana y agrede al capataz. El hostigamiento viene desde hace tiempo. Por otro lado, la víctima y otros empleados sabían que Aguilar llevaba una pistola en la riñonera, por eso en los videos registrados por testigos se puede oír que la mujer a gritos pide que se le saque el arma, algo que luego se comprobó con el arribo de los policías: tenía una pistola Bersa Thunder 380 y hoy tendrá que explicar qué hacía con una pistola en el trabajo y en la calle.
NORTE pudo saber de fuentes judiciales que el hombre tenía el permiso vencido y no cuenta con la habilitación para portación, por lo que fue el motivo principal que llevó a la fiscal a ordenar que permanezca detenido y citarlo para declaración de imputado. Por otro lado, también el Ministerio Público dispuso se entregue un botón de pánico para la víctima y para el hijo, dispositivo que le fue cedido el mismo viernes de manera inmediata.
EL REPUDIO Y LA PREOCUPACIÓN EN EL MUNCIPIO
El violento episodio que deberá dilucidarse que fue lo que pasó, obligó a las autoridades municipales a repudiarlo y garantizar la integridad de los trabajadores. Fue el subsecretario de Servicios, Luís Alonso, quien dejó en claro que el gobierno municipal impulsa una política de erradicación definitiva de todas las violencias en todos los ámbitos de la municipalidad.
‘Yo pensé que era una cuestión superada, que habíamos superado viejas prácticas a partir de la revalorización y jerarquización; a partir también de generar las mejores condiciones para todos los compañeros trabajadores y en muchos casos dando la oportunidad de que cada uno elija el lugar donde quería desempeñar su tarea con el fin de aportar a una armonía que termine significando una mejor prestación de los servicios‘, reconoció.
