La siguientes son los principales argumentos por los cuales los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín firmaron la absolución de Nicolás Pachelo en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, con la disidencia del tercer juez Federico Ecke.
– Pusieron en duda el relato de los tres adolescentes que dijeron haber visto trotar a Pachelo cerca de María Marta, porque tenían relación con la familia de la víctima:
“Nótese que (Santiago) Asorey, (Marcos) Cristiani y (Pablo) Aspiroz guardan relación personal o pertenencia al grupo de amistad que los vinculaba con los sobrinos del matrimonio Carrascosa-García Belsunce y con ahijado de ésta pareja, los Bártoli y los Taylor”.
– No hay certeza de que Pachelo haya entrado a la casa de María Marta:
“Debe procurarse certidumbre reparando en otras evidencias que demuestren por sí mismas que Pachelo ingresó a casa de la víctima, o que diluciden por la certeza, que lo expuesto por Aspiroz en el debate celebrado fue fiel a lo acontecido y permita definir positivamente que Pachelo siguió en la ocasión el recorrido de la cónyuge de Carrascosa y, además, se introdujo con ella…”
– El robo del perro labrador Tom no fue considerado un móvil:
«Sólo mantiene cualidad especulativa para la hipótesis que sostiene a Pachelo como persona que sustrajo a la mascota del matrimonio vecino y ejecutó una maniobra extorsiva -la exigencia de un precio por la devolución del perro-. Pero, aún de concederse la hipótesis en cuestión, tampoco se vislumbra con entidad eficiente -siquiera suficiente- un indicio de culpabilidad en desmedro de Pachelo: si ocurrió, más allá de una actitud ruin por parte de extorsionador, la acción cataloga como de poca significancia para que, ante la opción de no pagar, genere encono o enemistad contra sus seleccionadas víctimas a punto de determinar la decisión de darles muerte».
Absuelven a Nicolás Pachelo y el crimen de María Marta García Belsunce queda impune
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– No se probó que el crimen haya sido un homicidio en ocasión de robo:
«No ha sido recabado material probatorio que permita predicar con validez, que el homicidio de María Marta García Belsunce hubiese sido cometido en ocasión de un robo, ni para preparar, concretar, facilitar, asegurar el éxito de un delito de apoderamiento de bienes ajenos, o por encontrar que la víctima fuese un obstáculo que impedía su comisión».
– La imposibilidad de escapar por los fondos de las casas tras el crimen.
“Si se tratara de establecer un conducto de escape por detrás de las casas, debe reseñarse que el personal empleado por (el barrio) Cazadores y los residentes en Carmel fueron contestes en poner de relieve la imposibilidad de unir lotes por los sectores traseros”
– No se avaló el modus operandi utilizado por Pachelo en otros robos.
“No se determinó pues, dimensión similar entre la calidad de actividades delictuales verificadas en cabeza de Pachelo, con la hipótesis de una ejecución de robo con desenlace mortal que mantuviera a Pachelo en lo inicial, con decisión de introducirse a la vivienda de quien en mismo preciso momento, lo sobrepasaba a bordo de su bicicleta y arribaba al destino hogareño; y si por caso hubiese sido al revés, la víctima sin sobrepasar la velocidad de trote, al ver la invasión a su unidad funcional, no dio aviso alguno en reclamo de ayuda evitando pasar al interior de su morada, pese a ser sabida en Carmel la fama de ladrón o peligroso de Pachelo”.
Foto: Daniel Dabove.
– Volvieron a sembrar dudas hacia el viudo Carlos Carrascosa y la familia García Belsunce.
“Ya consolidado el estado de cosa juzgada -e irrestricto respeto a tal calidad- en procesos penales ajenos al aquí sustanciado, la duda ha favorecido a quienes fueron entonces sus acusados, incluso ambos por encubrimiento, concedida en cuanto a la chance de ignorancia o error de reconocimiento de la real situación (una muerte violenta sufrida por la víctima a manos de persona armada, con disparos que penetraron la bóveda craneana). Para que se comprenda con cabalidad: la calidad firme perdura en reconocimiento de las absoluciones dispuestas, pero el material probatorio presentado en este actual juicio permite valorar y extraer razones que devienen trascendentales para definir la situación de los ahora imputados, por cuanto en las conductas de los ya absueltos subyace todavía prueba de una deliberada simulación favorecedora del ocultamiento de la realidad conocida, o al menos su posibilidad -pues, no se alcanzó siquiera certeza negativa que excluya las chances- “
– Los jueces no valoraron los testimonios de los empleados de una estación de servicio de Pilar que comprometían a Pachelo porque no se registró la salida de éste del country la mañana siguiente al crimen de María Marta:
“Las planillas de fichaje de entradas y salidas del Carmel no registraron uso de tarjeta del socio Pachelo; y sólo merece asignarse cualidad especulativa a la verificación de uso de tarjeta de Guardia que no prueban la salida de Pachelo el 28 de octubre de 2002 para horario de 6:00 y 7:00; tampoco proyectables a salidas de Pachelo que para 29 y 30 de octubre evidenciaran que el uso de su teléfono celular no corresponde a localización en Carmel sino en la tosquera”.
– No se comprobó una complicidad entre los vigiladores y Pachelo:
“No ha surgido del juicio celebrado, premisa alguna que brinde apreciación positiva de un armado complotista por parte del personal de vigilancia para asegurar a Pachelo accesos a viviendas de vecinos; más bien, una mera falta de contracción al trabajo por mano de obra no calificada, mal paga y carente de incentivos”.
– Para los jueces, Pachelo ya había sido investigado por el fiscal Diego Molina Pico:
“Consideración desacertada habida cuanta que la suposición Pachelo fue considerada por el fiscal Molina Pico desde el inicio -intervención telefónica y demás medidas adoptadas-, mas esa línea de investigación habría luego sido dejada de lado a partir de las evidencias arrimadas en relación a la intervención y comportamiento de la familia”.
Alicia Scerbo, de 62 años y empleada de la PSA, fue hallada maniatada y amordazada en una casa incendiada en Villa Ballester
El cuerpo de Alicia Scerbo, una empleada del área de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 62 años, fue hallado el 22 de marzo pasado por los bomberos de San Martín cuando apagaron las llamas en la casa de su ex pareja de Villa Ballester. Los homicidas la habían maniatado y amordazado. Según confiaron fuentes del caso a Infobae, lo que no sabían los investigadores por entonces es que “la sofocaron con dos delantales de cocina”.
El resto del trabajo de los detectives, comandados por la fiscal Alejandra Burgues, de la UFI N°1 del departamento judicial de San Martín, determinó que fueron, al menos, tres sospechosos los que estuvieron involucrados en el crimen, según pudo saber este medio. Son intensamente buscados.
Pero hay más: para los investigadores la hipótesis del homicidio durante robo cobra fuerza, aunque no se deja de lado que la casa de Profesor Simón y Villarroel que cuidaba la víctima la noche en que la mataron era de su ex pareja, quien está preso por comercialización de estupefacientes, confirmaron las fuentes consultadas.
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“Si bien esa versión no está comprobada por el momento, no se descarta tampoco que todo esté vinculado”, agregaron sobre todo por la saña con la que atacaron a Alicia.
La ex pareja de Alicia, dueño de la casa donde la mataron, está presa por una causa por drogas
La autopsia al cuerpo de la víctima fue el puntapié inicial para empezar a desentrañar la trama del crimen: los forenses determinaron que la mujer, que antes de trabajar en la PSA tuvo un breve paso por el Ministerio del Interior, había muerto por sofocación y que los homicidas usaron dos delantales de cocina para matarla.
También pudieron determinar que cuando Alicia llegó a la casa de su ex pareja al menos uno de los tres delincuentes ya estaba en el interior de la vivienda. Lo que sucedió en el interior de la propiedad fue una atrocidad: los homicidas la ataron, la maniataron con un cable por la espalda, la sofocaron con los delantales y, antes de escapar con el botín, prendieron fuego el lugar.
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Ese 22 de marzo por la noche fueron los vecinos de esa cuadra de Profesor Simón y Villarroel los que dieron el alerta a los bomberos. Nadie sabía del horror que había vivido Alicia hasta que hallaron su cadáver en uno de los dormitorios.
Alicia había trabajado en el Ministerio del Interior y en el Aeropuerto de Ezeiza
En el lugar, los investigadores determinaron que había cierto desorden y fue la hipótesis del robo la que comenzó a tomar fuerza. “La puerta de ingreso había sido violentada”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.
Sin embargo, la saña con la que actuaron los asesinos hizo sospechar a los investigadores de que no se trataba sólo de un robo, sino que había algo por detrás. Por eso comenzaron a indagar en los datos del dueño de la propiedad y también en la víctima. Lo cierto es que, por el momento, todo es un misterio.
En ese contexto, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona es una de las claves del caso.
Alicia era amante de los perros salchichas y tenía dos hembras; también de las mariposas y de la comida, al menos esos era sus tópicos favoritos para postear en su Facebook. La última publicación que hizo en su muro el miércoles al mediodía, horas antes de que la mataran, fue meramente altruista: fue por el Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.
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Un tribunal resolvió condenar a prisión perpetua este lunes a un joven de 22 años como coautor de un homicidio cometido en julio de 2020 en barrio Tío Rolo. El juicio oral tuvo su comienzo el 20 de marzo con Miguel Ángel “Miguelito” Núñez en el banquillo como uno de los homicidas de Javier Alejandro Miño, muerto de 23 disparos cuando tenía 21 años.
A las 20.20 del lunes 6 de julio de 2020, plena cuarentena por coronavirus, Miño charlaba con un vecino a metros de su casa. Estaban en bulevar Avellaneda al 6600, casi esquina Pasaje 2127, cuando el conductor de un Renault Sandero frenó en el medio de la calle y cerca de ellos. Del vehículo bajaron dos personas que le dispararon 23 tiros. Miño se desplomó y falleció casi en el acto producto de múltiples heridas de arma de fuego a la altura del tórax.
En el legajo fiscal, consta la participación en el crimen de un adolescente apodado Chulo, que es hijo de Oscar “Manco” García, conocido en las crónicas policiales por ser el propietario de un distribuidora de Lamadrid y Constitución, barrio Plata. Un comercio que en los últimos años fue blanco de allanamientos y ataques a tiros, algunos de ellos fatales. Como el que el 20 de julio de 2021 le costó la vida al panadero Gaetano Di Bartolomeo, cliente ocasional del lugar que justo había ido a comprar bebidas.
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Incluso, el propio Manco fue herido en ese lugar en septiembre de 2019 durante una emboscada que le costó la vida a un empleado, Cristian Beliz, y obligó al Manco a desplazarse en silla de ruedas desde entonces.
Durante la investigación del caso Miño, Núñez y Chulo cayeron durante un allanamiento de la División Homicidios en esa distribuidora, en noviembre de 2020.
El crimen de Miño fue calificado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y por la participación de un menor de edad en concurso real con portación ilegítima de arma de guerra.
Cinco días antes de ser asesinado, a Miño lo habían perseguido a tiros desde un auto Peugeot de modelo viejo pero entonces logró esconderse en la casa de un vecino.
El conflicto, según testimonios reunidos en la investigación, había comenzado en un baile en el que “se agarraron a piñas” y tras el cual Miño presentó una denuncia contra Núñez: “Este pibe quedó preso y le dijo que se iba a vengar. Estuvo un par de días preso y después salió”.
El proceso concluyó este lunes. Las juezas Andrea Aronne, Paula Álvarez y Paola Aguirre condenaron a perpetua a Núñez.
El defensor del imputado indicó al comienzo del debate que su defendido había reconocido su culpabilidad en una audiencia previa y que con aquella declaración dejó en claro que no había un plan premeditado ni participó un menor de edad (a quien también defiende). Por esta razón había solicitado al tribunal que sea condenado una pena cercana al mínimo legal.
Guillermo Montenegro presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, entre otros funcionarios, que habilitaron la cesión del terreno de El Marquesado «sin notificar» a las autoridades municipales, alegando incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El jefe comunal acusó al Gobierno nacional de «simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal», en una acusación que se hizo extensiva a Marcos Santucho, presidente de la Asociación Civil Tercer TIempo, Osmar Nuñez, ocupante del predio, y a la abogada Gabriela Carpineti, quien se presentó como patrocinane de la organización.
Entre sus principales pedidos, solicitó la restitución inmediata del predio de 140 hectáreas donde se proyectó la construcción de huertas comunitarias.
«Con asombro advierte que asistimos a un sinfin de conductas tipicas, casi un relato delictual de de la saga ‘Elige tu Propia Aventura‘: incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y usurpación. Pase y elija su propio delito. Para beneficiar a ‘sus amigos‘ y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejaron una conducta sin tipificar. No lo voy a permitir ni como vecino de General Pueyrrredon ni como Intendente Municipal», contrastó en un pasaje del escrito.
En los fundamentos que rubricó la entidad del Gobierno con la organización que responde a Juan Grabois para el desarrollo de un proyecto agroecológico, Montenegro acusó inconsistencias como que no existía ningún riesgo de intrusión. «No sólo es falso que existiera riesgo de intrusión que justificara el otorgamiento del convenio: también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa; fue constatada la existencia de un cuidador por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue ´retirado´ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores», arremetió en el escrito donde solicitó ser querellante de la causa.
El acuerdo entre el AABE y la asociación civil «Tercer tiempo», ligada al MTE, fue firmada el 16 de febrero último y dispuso la entrega gratuita a partir de esa fecha de 140 hectáreas para la guarda de esas tierras en carácter provisorio por el plazo de 180 días renovables por otros 90 días a los efectos de su custodia, preservación, limpieza y acondicionamiento para su uso como chacras productivas.
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